¡Decimos "No" al régimen antipopular de Lukashenko!

El presidente y el gobierno de la república de Bielorrusia siguen imponiendo reformas neoliberales que sobre todo recortan el financiamiento del apoyo social a la población. La edad de entrada a la jubilación fue aumentada; cada tres meses se aumentan las tarifas para los servicios municipales (calefacción, alquiler, agua); las relaciones de trabajo son organizadas a través de un sistema de subcontratos que da derechos ilimitados a los empresarios y anula los derechos de los trabajadores: tomar decisiones, formar sindicatos regulares, llevar a cabo reuniones y organizar huelgas. Continuamente se introducen nuevos impuestos. En abril de 2015, el presidente firmó como ley el decreto No 3. Este decreto impone a ciudadanos de la República de Bielorrusia que durante 183 días calendarios no estaban ocupados en la producción, en actividades administrativas o económicas, un impuesto de aproximadamente 230 $ (que deben ser pagados una vez al año). Quien no paga este impuesto es sancionado con multa monetaria, así como con detención administrativa[1] , la cual va relacionada con trabajo forzado. O sea, en vez de crear puestos de trabajo adicionales, el Estado impone impuestos adicionales para los desempleados y sus familias. Desde octubre de 2016 se informa sobre los primeros casos de aplicación de esta ley. Según los informes de la inspección fiscal, han sido enviadas más de 400.000 notificaciones fiscales, lo cual afecta a un 10 % de la población de la república en condiciones de trabajar, mientras que la cuota oficial de desempleo, según el servicio de estadística de Bielorrusia, asciende a un 2 %. 

En diciembre de 2016 se realizaron las primeras protestas ciudadanas, llenas de indignación sobre el carácter absurdo y antipopular del decreto. En enero de 2017, ciudadanos que no están afectados directamente por el decreto, pero enfurecidos por la política antisocial de las autoridades, se sumaron a los protestantes. En febrero y marzo, miles de personas protestaron en todas las ciudades de Bielorrusia, y las autoridades recurrieron a la represión. En febrero y a comienzos de marzo, aproximadamente 200 personas fueron detenidas en todas partes del país, y sancionadas con multa. Entre ellas estaban tres anarquistas, que habían sido detenidos el 9 de marzo en Brest, durante una manifestación pacífica que había sido autorizada por las autoridades. El 15 de marzo se detuvo a tres activistas del movimiento medioambiental y de mujeres durante una manifestación pacífica en Minsk, y después de la manifestación los oficiales de la seguridad estatal hicieron parar un trolébus y detuvieron a 15 anarquistas y a ciudadanos quienes los apoyaban.

Después del 15 de marzo empezaron detenciones de líderes de la oposición, bajo diferentes pretextos. El 20 de marzo, las autoridades tramaron un traspaso de la frontera Ucrania-Bielorrusia por terroristas, intentando crear la impresión de una amenaza terrorista. El 24 de marzo, un gran número de activistas y periodistas  fueron detenidos en la oficina del Partido Verde Bielorruso, mientras que colectaron alimentos y dinero para los activistas en prisión. El 25 de marzo, durante la manifestación con ocasión del Día de la Libertad, las autoridades desplegaron tropas del interior e unidades especiales de la policía en las calles de Minsk, las cuales estaban armadas con lanzadores de agua. Los activistas y transeúntes que no participan en la manifestación, fueron detenidos y pegados. Según diferentes estimaciones, entre 300 y 600 personas fueron detenidas. La mayoría fue declarada culpable y condenada a detenciones administrativas y multas.

Nosotros seguimos la línea de masas y luchamos contra las decisiones antipopulares del presidente y del gobierno de Bielorrusia.

¡Decimos "No" a la tiranía policial!

¡El poder al pueblo trabajador!

¡Proletarios de todos los países y pueblos oprimidos, uníos!